El gobierno interino de Damasco y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, han firmado un acuerdo que, en teoría, representa un paso hacia la reunificación del país. Sin embargo, el pacto deja muchas incógnitas abiertas, especialmente en lo que respecta al modelo de Estado y al papel que desempeñarán las FDS dentro de la estructura de seguridad siria.
El acuerdo establece la “integración” de todas las instituciones civiles y militares del noreste de Siria bajo la administración del Estado, lo que incluye el control de los pasos fronterizos, aeropuertos y recursos estratégicos como los yacimientos de petróleo y gas. También recoge el regreso de la población desplazada a sus ciudades y aldeas, asegurando su protección por parte del Estado y compromete a las partes firmantes en la lucha conjunta contra el terrorismo o cualquier amenaza a la seguridad y estabilidad del país.
El anuncio del pacto fue recibido con celebraciones tanto en Damasco como en Qamishlo, aunque con interpretaciones distintas. Cada parte lo ha asumido como una victoria propia, gracias a la ambigüedad del término clave, damayy (دمج), en torno al cual gira el acuerdo.
Este concepto, que puede entenderse como unión, integración, inclusión o asimilación, ha sido utilizado de manera deliberada para ofrecer margen de interpretación a todos los actores implicados. Mientras unos lo entienden como una absorción completa de las FDS dentro del Estado sirio, otros lo ven como un reconocimiento de su autonomía dentro de un nuevo marco político aún por definir.
Fuentes cercanas a la Administración Autónoma insisten en que el pacto no implica la disolución ni la entrega de armas. Como muestra de ello, pocas horas después de la firma, las FDS anunciaron el inicio de operaciones conjuntas con el gobierno sirio contra Daesh, un movimiento que refuerza su papel militar y contradice cualquier interpretación del pacto como una absorción total dentro de las fuerzas estatales.
A nivel popular, el acuerdo ha traído calma tras días de ejecuciones y violencia sectaria que han golpeado a la comunidad alauita. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, más de 1300 personas han muerto, incluyendo 830 civiles alauitas, muchos de ellos ejecutados por fuerzas de seguridad. Los enfrentamientos han provocado un éxodo masivo hacia el Líbano, donde 7600 desplazados han buscado refugio en municipios de Akkar, con asistencia de la Cruz Roja y ACNUR.
El presidente interino, Ahmed al Sharaa, anteriormente conocido como Mohammed al Jolani, ha anunciado la creación de un comité independiente para investigar las matanzas y juzgar a los responsables, y su liderazgo sigue generando tensiones internas dentro de los círculos islamistas. Su enfoque pragmático, orientado a la construcción de una administración islamista con estructuras de gobernanza funcionales, está siendo rechazado por los sectores más fundamentalistas. Estos grupos, que siguen abogando por la instauración de un Estado Islámico, consideran que su decisión de priorizar la estabilidad y el reconocimiento político es una traición que ha llevado a algunas facciones a actuar de manera autónoma.
Mientras tanto, Arabia Saudí y Turquía compiten por influir en su toma de decisiones y consolidar su control sobre Siria, cada una con intereses estratégicos distintos en la reconfiguración del poder en la región.
Un pacto coherente con la estrategia kurda que da tiempo a todas las partes
Desde su creación, la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES) ha defendido un modelo de Siria federal, una visión que en parte se refleja en el acuerdo firmado con Damasco. Sin embargo, el documento es impreciso y vacío de contenido concreto, lo que lo convierte más en una estrategia para calmar tensiones, ganar tiempo y mantener abiertas negociaciones complejas que en una verdadera garantía de estabilidad.
Desde la Administración Autónoma advierten que el pacto se firma en un Estado sin Constitución definida ni un proceso claro para redactarla. La Conferencia Nacional del Diálogo, convocada por el gobierno interino hace unas semanas para discutir el futuro político del país, ha sido denunciada como un espacio excluyente, donde “no hubo representantes legítimos de las comunidades drusa, kurda, alauita, ismailita o cristiana… solo personas individuales sin respaldo real”. “La Constitución siria de 2012, aprobada bajo el régimen de Bashar al Asad, ya recogía principios de no discriminación por sexo, origen, religión o idioma y establecía la protección estatal de todas las religiones. Sin embargo, en la práctica, estos derechos quedaron en papel mojado, sin cambios reales para las minorías, incluida la comunidad kurda”, señalan.
El acuerdo llega en un momento marcado por el proceso abierto por el PKK en Turquía, la oleada de ejecuciones y el reajuste de equilibrios de poder en la región. A pesar de su ambigüedad, el pacto ofrece una oportunidad para prolongar el diálogo. Mientras Siria sigue en un proceso de reconfiguración política y militar, el impacto real de este acuerdo dependerá tanto de su implementación efectiva, prometida para este año, como de la evolución de los equilibrios regionales en los próximos meses.
FUENTE: Irene Redondo / Foto de portada: Mauricio Morales / El Salto Diario