La 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), que comenzó el 8 de septiembre en la oficina del organismo multilateral en Ginebra y continuará hasta el 3 de octubre, está llevando a cabo debates sobre las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. En una declaración escrita presentada a las sesiones, el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP) llamó la atención sobre las prácticas ilegales de Turquía y subrayó la importancia del proceso iniciado por el líder kurdo encarcelado Abdullah Öcalan para la democracia del país.
El texto recuerda los resultados finales del segundo examen periódico de Turquía, celebrado en noviembre de 2024: “Estos resultados revelan que las minorías del país siguen siendo objeto de persecución y no están plenamente protegidas contra todas las formas de discriminación. El Comité expresó su especial preocupación por los incidentes de violencia racista contra la comunidad kurda. Durante el examen periódico universal de Turquía, celebrado el 6 de mayo, la delegación del Gobierno rechazó todas las acusaciones relativas a las minorías en Turquía y destacó que las minorías definidas en el Tratado de Paz de Lausana (1923) disfrutan de los mismos derechos que la población general como ciudadanos turcos. Sin embargo, las disposiciones del Tratado de Lausana de 1923 constituyen la base histórica y jurídica de la discriminación contra diversas minorías étnicas, incluido el pueblo kurdo, así como de la represión llevada a cabo por las autoridades turcas”.
La declaración también señala las violaciones de derechos humanos durante el período de resistencia tras la declaración de la autodeterminación kurda, hace una década atrás: “El informe de febrero de 2017 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) indica que alrededor de 1200 personas murieron en incidentes entre julio de 2015 y diciembre de 2016. El ACNUDH documenta numerosas violaciones, incluyendo uso excesivo de la fuerza, asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, destrucción de viviendas y patrimonio cultural, incitación a crímenes de odio, negación de acceso a atención médica de emergencia, alimentos, agua y medios de vida, violencia contra las mujeres y graves restricciones a la libertad de expresión”.
El mismo informe señala que 355.000 personas fueron desplazadas como resultado de las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad turcas en el sureste del país (Bakur, Kurdistán turco), y que solo en el distrito Sur, casi 35.000 viviendas fueron destruidas. Hasta la fecha, las autoridades turcas no han tomado medidas para abordar las graves violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas.
A su vez, se apunta que la represión del pueblo kurdo por parte de las autoridades turcas traspasa las fronteras del país: “En el norte de la República Árabe Siria, las regiones de Afrin (Efrîn), Girê Spî (Tel Abyad) y Serêkaniyê (Ras al-Ayn) fueron ocupadas por completo, lo que provocó el desplazamiento de alrededor de 400.000 kurdos. Las viviendas abandonadas a la fuerza por las familias kurdas fueron asignadas a familias árabes sirias de otras partes del país traídas de campos de refugiados en Turquía. Algunas de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas militares turcas en la región kurda pueden considerarse crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.
La declaración también llama la atención sobre el reciente aumento de los ataques racistas contra el pueblo kurdo en Turquía: “En su informe de 2023, el Centro de Estudios Sociopolíticos de Diyarbakır (Amed) destacó los ataques racistas contra kurdos, alevíes y refugiados, y señaló que a lo largo del año se publicaron en los medios de comunicación al menos 208 noticias racistas, excluyentes y negacionistas. El informe analizaba la discriminación que sufren los kurdos en los estadios, las prisiones y las grandes ciudades. También abordaba el problema de la prohibición del idioma kurdo en los medios de comunicación turcos. Las actividades culturales kurdas eran prohibidas con frecuencia, y los kurdos que cantaban y bailaban al son de la música tradicional kurda eran detenidos y castigados”.
Sobre este punto se agrega: “Los informes de la Asociación de Derechos Humanos (IHD), la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD) y la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TIHV) documentaron de manera similar casos frecuentes de agresiones físicas, amenazas, palizas, registros corporales, malos tratos, comportamientos racistas y discriminatorios, amenazas de muerte, torturas y traslados forzados a celdas de aislamiento”.
La declaración además destaca los ataques contra la libertad de pensamiento y expresión: “Persiste la preocupación por la persecución, el acoso, las amenazas y las represalias contra defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados, activistas kurdos, defensores del medio ambiente, actores políticos de la oposición, académicos y miembros de la sociedad civil que critican al Gobierno. Aunque la Constitución garantiza formalmente la libertad de pensamiento y expresión, los artículos 25 a 30 de la Constitución y los párrafos 5 y 6 de la Ley Antiterrorista Nº 3713 imponen restricciones con el pretexto de los ‘delitos contra el Estado’ y la ‘propaganda terrorista’”.
A su vez, se indica que la ONU, las organizaciones internacionales y nacionales de la sociedad civil, el Consejo de Europa y la Unión Europea “han subrayado en repetidas ocasiones que Turquía debe respetar la libertad de pensamiento y de expresión. Desde que el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) llegó al poder, casi 1000 periodistas han sido encarcelados. La presión sobre la libertad de pensamiento no se limita a la prensa; también se ha perseguido a miembros de partidos políticos, parlamentarios y asociaciones y grupos que participan en actividades democráticas. Las publicaciones en las redes sociales que critican a la presidencia y a la administración estatal también son objeto de acciones legales”.
En su declaración, el MRAP destaca que el proceso de paz y sociedad democrática liderado por Abdullah Öcalan en Turquía y Kurdistán representa una oportunidad para la democratización: “Desde diciembre de 2024, las autoridades turcas han iniciado un diálogo con Abdullah Öcalan, líder del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), que permanece recluido en régimen de aislamiento en la isla-prisión de Imralı desde 1999. Öcalan ha emitido anteriormente declaraciones en las que pedía la disolución del PKK y el fin de la lucha armada. Las autoridades turcas deben aprovechar esta oportunidad para poner fin a la represión del pueblo kurdo en Turquía y los países vecinos”.
El MRAP concluye con las siguientes recomendaciones al Gobierno turco:
-“Establecer rápidamente el marco jurídico y político y el calendario para las negociaciones con Abdullah Öcalan y sus colaboradores.
-”Cumplir plenamente las disposiciones de los tratados en los que Turquía es parte y aplicar las recomendaciones del Comité.
-”Garantizar el fin de la tortura en los centros de detención y abrir investigaciones independientes e imparciales sobre todas las denuncias de tortura y otros tratos crueles o inhumanos.
-”Adherirse a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y formular la declaración prevista en el artículo 32.
-”Poner fin a las operaciones transfronterizas en el noreste de la República Árabe Siria y el norte del Irak y retirarse de esas zonas.
-”Adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
FUENTE: Serkan Demirel / ANF / Edición: Kurdistán América Latina