El sábado 20 de abril, la calle Istiklal, la principal avenida de Estambul, estaba cortada; no se permitía pasear por ella y decenas de policías vigilaban a ambos lados. Camionetas cargadas de antidisturbios esperaban en las plazas de Taksim y Galatasaray, donde este paseo empieza y acaba. El motivo por el que la principal calle de la capital turca estaba clausurada aquella tarde no era otro que la convocatoria de una manifestación. Sin embargo, a diferencia de las otras que llevan ya semanas convocándose en el país, esta no era para reclamar la liberación del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, encarcelado el pasado febrero, sino para denunciar el genocidio en Palestina. Tuğba, una joven de menos de treinta años que iba a asistir, aseguraba antes de esta que “no iba a ser seguro y que, seguro, la policía iba a intervenir”, porque “iba a haber mucha gente”.
Así fue. La respuesta por parte del Estado a esta convocatoria fue igual de violenta que las que llevan ya cerca de dos meses sufriendo los manifestantes que están en contra del gobierno. Aquella jornada en Istiklal, 43 personas fueron detenidas y una decena resultaron heridas a manos de los policías.
Mumtaz Murat es coordinador de proyectos en la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (HRFT, por sus siglas en inglés), y asegura que “estamos en esta situación donde, sin duda, los derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de circulación, todos estos derechos fundamentales básicos, están siendo socavados y amenazados por el gobierno, porque cuanto más pierden legitimidad política y popular, más recurren a diversas herramientas de violencia”.
Turquía lleva décadas viendo cómo el estado de Derecho dentro de sus fronteras se está esfumando. Han sido muchas las formas en las que el gobierno intenta, cada vez con menos disimulo, acabar con los contrapesos democráticos en el país. Según el World Justice Project, organización independiente dedicada al análisis del estado de Derecho en el mundo, Turquía ocupa el puesto 117 de los 142 en su índice del pasado año, una erosión del 0,7% con respecto al año anterior. “Hay muchas violaciones multidimensionales de los derechos humanos en Turquía, pero no podemos decir que el estado de Derecho haya acabado en Turquía ya que, al menos, en asuntos mundanos como la resolución de conflictos de deuda y en cuestiones no políticas, los tribunales siguen funcionando. Están sobrecargados, pero siguen funcionando. Pero no podemos decir que el Estado de derecho exista al 100% en Turquía. No existe para la oposición, no existe para los defensores de los derechos humanos, no existe para nadie que se considere fuera del universo, digamos, de los grupos deseables”, explica Murat.
En las últimas décadas, el derecho a reunión y manifestación ha sido cada vez más restringido. La Ley de Reuniones y Manifestaciones (Ley Nº 2911) ha sido central en la restricción del derecho a la libertad de reunión pacífica en Turquía. Esta legislación permite a las autoridades imponer prohibiciones generales y utilizar la fuerza para dispersar manifestaciones, incluso cuando son pacíficas. Algunos ejemplos de cómo se han impuesto, e incluso normalizado, estas prohibiciones son la prohibición de manifestaciones del primero de mayo en la Plaza Taksim —a pesar de una sentencia del Tribunal Constitucional de Turquía en 2023 que determinó que prohibir las manifestaciones del primero de mayo en dicha plaza viola los derechos de reunión de los sindicatos—, la prohibición de las marchas del Orgullo, impuestas desde 2023, así como la negativa a permitir las protestas del 8M. Y desde las convocatorias de concentraciones tras la detención de Imamoglu se han impuesto cada vez más prohibiciones.
Erosionando el sistema educativo
Al día siguiente de la marcha en defensa de Palestina, a las puertas de la Universidad Mimar Sinan, en el barrio de Beyoglu, una decena de jóvenes están a sus puertas; gritan mientras la policía les observa. Sin ningún movimiento o incidencia, las fuerzas de seguridad se van cuando se aseguran que todos los jóvenes vuelven dentro del centro educativo. Y es que, desde hace semanas, los estudiantes turcos se han apropiado de las movilizaciones. Es en los centros educativos donde se puede ver más resistencia y, aunque cada vez sean menos multitudinarios, los estudiantes los mantienen activos.
Pero las movilizaciones en centros educativos no solo responden al encarcelamiento del que era alcalde de Estambul, sino a una polémica iniciada tras la destitución de cientos de profesores de los conocidos como “escuelas proyecto”, una designación introducida en 2020 en un grupo de instituciones de alto rendimiento para emparejar a estudiantes de alto rendimiento, ya admitidos a través de un examen nacional, con profesores experimentados y cualificados. Este año, el ministerio procedió a una amplia rotación, reasignando a muchos profesores y dejando a algunos sin nuevos destinos, clasificándolos como “personal excedente”. Y aunque el ministro de Educación, Yusuf Tekin, ha afirmado que la rotación era un procedimiento administrativo rutinario, sindicatos y estudiantes denuncian que se colocó a profesores afines al gobierno en estos centros, mientras que un grupo de educadores fueron “exiliados” por sus críticas públicas en las redes sociales. El Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal partido opositor al que pertenecía Ekrem İmamoğlu y el cual adelanta al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en las encuestas, acusa al gobierno de intentar “tomar el control” de las escuelas de élite nombrando a “personal alineado ideológicamente”.
Pero además de estas destituciones, el hecho de que sean jóvenes los que protagonizan las protestas responde a un problema mucho más profundo: la erosión del sistema educativo en el país está dejando a una generación con miedo a no tener futuro. Según una encuesta realizada en Ankara, el 70,2% de los manifestantes tiene entre dieciocho y veinticuatro años, mientras que la representación de este grupo en la población total es del 10,3%. De los participantes, el 94,2% tiene menos de treinta y cinco años, lo que sugiere que quizá se trate del grupo de manifestantes más joven de la historia de la escena política turca.
El sociólogo Onur Acaroğlu, explica en un análisis para la revista Jacobin cómo, desde la victoria de Erdogan en las elecciones de 2023, se intensificaron los ataques a la educación pública, laica y gratuita, y muchas escuelas públicas se convirtieron en escuelas de formación profesional para imanes. Esto obligó a la mayoría de las familias a elegir entre escuelas islámicas de línea dura o alternativas laicas privadas prohibitivamente caras. El experto añade que “la erosión de las normas liberal-democráticas más elementales no debe leerse, pues, sin tener en cuenta la profunda anulación de los derechos sociales que ha creado una generación que mira al futuro con ansiedad. Existe una correlación directa entre la proliferación de cultos y este recorte del Estado social y su reconversión en una dirección neoliberal”.
Unos estudiantes que aunque saben que se enfrentan a todo tipo de opresión siguen moviéndose. “Los estudiantes, universitarios y de secundaria, están movilizados. Siguen siendo muy activos. Están aprendiendo nuevas formas de protestar. A pesar de todo, sigue habiendo movilización popular en Turquía” cuenta el coordinador de proyectos de la HRFT.
Y la libertad de prensa
El pasado 18 de abril, se inició el juicio de las 189 personas que han sido acusadas de asistir a manifestaciones prohibidas y desobedecer las órdenes policiales, en su mayoría estudiantes. Los acusados forman parte de las más de 2000 personas detenidas por participar en las mayores manifestaciones masivas del país en más de una década. Durante la vista inicial, los abogados pidieron la absolución de los 189 acusados.
Pero es que entre estas casi 200 personas se juzgaba, también, a cuatro fotoperiodistas y tres periodistas que informaban sobre las protestas. Özgür Öğret, es el representante de Turquía en el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), y tiene claro que “Turquía es como un gran museo al aire libre de juicios y violaciones contra la prensa”.
Desde el inicio de este año, 11 periodistas han sido encarcelados. Una cifra que aumenta si analizamos años anteriores. A día de hoy, y según datos de la Asociación de Estudios sobre Medios y Derecho (MLSA, por sus siglas en inglés), hay un total de 30 periodistas en prisión. Además, más de un centenar se enfrentan a procesos judiciales por ejercer la profesión. Mumtaz Murat explica que “se les juzga sobre todo por la forma en que las autoridades judiciales interpretan su profesión. Por ejemplo, publicar algo sobre personas cercanas al gobierno suele considerarse desinformación o se les suele acusar de insultar al presidente o a un funcionario público”. Öğret añade que “Turquía en la última década siempre estuvo entre los 10 países con más periodistas encarcelados y el número uno para algunos de estos años. La presión judicial ejercida contra los medios de comunicación críticos es, por desgracia, otro problema crónico de Turquía”.
La principal acusación a la que se enfrentan los profesionales de la información es la de terrorismo. Según la MLSA, durante 2024, al menos 58 periodistas fueron condenados a penas de prisión por cargos similares, y 112 fueron detenidos. Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) consideran que el gobierno turco abusa del término “terrorismo” para sofocar el disenso político y limitar la libertad de prensa, lo que afecta gravemente el derecho a la información. El representante del CPJ en Turquía denuncia que “las leyes antiterroristas se utilizan con frecuencia contra los periodistas; ser miembro de una organización terrorista y hacer propaganda sobre una organización terrorista son cargos muy populares. Además, nuestra ley de noticias falsas se ha utilizado con frecuencia contra los periodistas”.
La erosión de la libertad de prensa ni es nueva, ni se ha iniciado con las protestas de estas últimas semanas. “He estado trabajando para el CPJ durante más de una década y he estado informando sobre la libertad en Turquía incluso antes de eso. Y la situación siempre ha estado en deterioro. Cuando se mira hacia atrás hace 10 años, hace 5 años, la administración ya era mala entonces, pero cada vez empeora más y los problemas de la libertad no se resuelven, es más, se añaden más y más detenciones a la lista”, cuenta el periodista.
Tampoco son nuevas las formas de violencia física contra los periodistas; los cuales han sufrido ataques con gas pimienta, con cañones de agua, destrozo de sus equipos de trabajo y todo tipo de abuso policial.
Y el acoso a periodistas no es la única forma con la que el gobierno turco lleva décadas suprimiendo la libertad de prensa en el país otomano. Los medios independientes y críticos al gobierno reciben cada vez menos financiación y llegan, incluso, a ser cerrados. “Creo que el mayor cambio en el panorama de los medios de comunicación turcos ha sido la compra de medios de comunicación críticos por parte de empresarios amigos del gobierno, que no sucedió de la noche a la mañana y que se combinó con ciertos momentos puntuales, sobre todo, después del intento de golpe de estado de 2016 que el gobierno aprovechó para cerrar muchos medios de comunicación […] mirando el paisaje de los medios de comunicación hoy, y comparándolo con hace una década, hay mucho menos color.”, explica Öğret, y sigue “el gobierno es persistentemente menos tolerante con la historia que se cuenta fuera del marco que ellos construyen. El gobierno quiere controlar la agenda, controlar el debate. Hay poca o ninguna tolerancia hacia las noticias y los comentarios que se oponen a la retórica oficial”.
Turquía hace tiempo que no es un país seguro para los periodistas; ni siquiera los internacionales, como demostró la deportación del reportero de la BBC, Mark Lowen. Como indica el ranking de RSF sobre la libertad de prensa, el país ocupa el puesto 159 de 180 países, lo que la sitúa entre los peores del mundo en cuanto a libertad de prensa. “Hay poca o ninguna protección para un periodista crítico si informa de algo equivocado en el momento equivocado. La situación es caótica porque cada vez hay menos líneas rojas en Turquía”, concluye el representante del CPJ.
El encarcelamiento de Ekrem Imamoglu fue una nueva línea roja cruzada por el gobierno. Cada vez hay menos. Sin libertad de prensa y con una educación intentando, también, ser controlada por el gobierno, poco queda para terminar de acabar con el Estado de Derecho en el país. Y aunque sí que es cierto que la población de Turquía, sus estudiantes y sus periodistas han demostrado un gran nivel de resiliencia y lo siguen haciendo, el contexto internacional no ayuda.
Cuando la comunidad internacional prácticamente no se ha pronunciado sobre lo que está pasando en Turquía [y en otros países donde se suceden las protestas contra gobiernos cada vez más autoritarios como es el caso de Serbia] y, más bien, parece bailarle el agua a estos líderes, cabe preguntarse en qué punto se encuentra la protección de los derechos fundamentales en el continente. Mumtaz Murat lo tiene claro: “No se trata sólo de Turquía, es la existencia de Trump, el ascenso de la derecha en Europa y la Unión Europea, la Comisión Europea está negociando los derechos humanos fundamentales básicos en aras de las ganancias económicas… algo que es muy alentador para gente como Erdogan”.
FUENTE: Marta Moreno / Diario Red