El arresto público de cinco alcaldes del principal partido de oposición de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), junto con decenas de empleados y funcionarios municipales, evoca recuerdos de la represión de 2009 contra los políticos kurdos y plantea preocupaciones sobre la imparcialidad judicial en el país.
Un video publicado el martes por medios progubernamentales mostró a los detenidos, entre ellos alcaldes de distrito y altos funcionarios de Estambul y Adana, siendo conducidos esposados al juzgado de Estambul. Las imágenes han sido ampliamente criticadas por incriminar a los detenidos como culpables antes del juicio y por ser una puesta en escena política.
Los arrestos se producen en el marco de una investigación en curso sobre supuesta corrupción en la municipalidad metropolitana de Estambul, dirigida por el CHP. Entre los detenidos se encuentran los alcaldes de Avcılar, Gaziosmanpaşa y Büyükçekmece en Estambul, y Seyhan y Çukurova en Adana.
Imágenes que circulan en redes sociales muestran a detenidos con las manos esposadas y en fila, rodeados de policías fuertemente armados. Los críticos han calificado estas escenas de degradantes y han establecido fuertes paralelismos con las operaciones de 2009 contra la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), durante las cuales cientos de políticos kurdos fueron encarcelados por cargos infundados de “terrorismo”.
Según la agencia AFP, los detenidos enfrentan acusaciones de manipulación de licitaciones y sobornos en licitaciones municipales. Las autoridades del gobierno nacional niegan cualquier motivación política e insisten en que las detenciones forman parte de una investigación judicial.
Las declaraciones de los funcionarios del CHP reflejan una preocupación más amplia sobre las motivaciones políticas tras los arrestos y la exhibición pública de los detenidos. El presidente del CHP, Özgür Özel, comparó las imágenes con material de propaganda posterior al golpe militar de 1960 en Turquía, cuando el partido gobernante derrocado fue exhibido como criminal durante los infames juicios golpistas. “Ya hemos visto esta escena”, declaró Özel en una reunión del grupo parlamentario de su partido, recordando cómo el presidente derrocado Celal Bayar intentó suicidarse tras ser humillado públicamente. El vicepresidente del CHP, Burhanettin Bulut, describió las escenas como “una flagrante violación de la presunción de inocencia”, y añadió: “Esto es ley del enemigo, no justicia”. El diputado del CHP, Mahmut Tanal, afirmó que las imágenes violaban tanto el derecho constitucional a un juicio justo como las disposiciones de confidencialidad del Código Penal. El vicepresidente del Grupo CHP, Murat Emir, preguntó: “¿A qué líderes de la mafia han filmado y publicado de esta manera?”.
La represión de 2009 resultó en el cierre forzoso del prokurdo Partido de la Sociedad Democrática (DTP). Expertos legales han señalado similitudes entre los casos actuales y la represión de 2009, incluyendo acusaciones generalizadas, cargos imprecisos y desprestigio público.
En una publicación en redes sociales, el diputado del Partido para la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM), Tülay Hatimoğulları, escribió: “Las operaciones centradas en Estambul y Adana contra funcionarios electos del CHP están socavando aún más la confianza en el sistema judicial turco. Las imágenes que muestran el traslado de detenidos de la custodia al tribunal, y la forma en que se difundieron, no constituyen más que propaganda política barata. Hace años, presenciamos imágenes y acciones de propaganda similares durante los juicios del 12 de septiembre y las operaciones realizadas bajo el nombre de KCK. Todos sufrimos el daño que estas prácticas infligieron a la paz social. Estas operaciones políticas e intentos de propaganda socavan gravemente la búsqueda de la paz, la democracia y el Estado de derecho por parte de Turquía. Estas prácticas deben abandonarse de inmediato, y la presión del poder judicial sobre la política debe cesar”.
El copresidente del Partido DEM, Tuncer Bakırhan, se hizo eco de preocupaciones similares, al afirmar: “Las operaciones políticas en curso contra funcionarios electos del CHP están exacerbando las divisiones internas de Turquía y aumentando la polarización, lo que perjudica gravemente cualquier visión compartida de futuro. La publicación de imágenes de los funcionarios caminando por una línea, que recuerdan a los juicios del 12 de septiembre y las operaciones de genocidio político de la KCK, es una señal de debilidad política y anarquía. Seguiremos oponiéndonos a la injusticia y la ilegalidad, independientemente de quién sea el objetivo. Nuestra historia política es una historia de oposición a la injusticia. Estar del lado correcto de la historia no se trata de alinearse con un partido u otro. Se trata de adoptar una postura inflexible a favor de la ley, la democracia y la paz. Nuestro lugar está con la paz, la democracia y el Estado de derecho. La politización del poder judicial representa una amenaza significativa para este país. Debe abandonarse. El uso del sistema judicial para atacar a la política debe terminar”.
La exhibición pública de detenidos refuerza la presunción de culpabilidad y evoca represiones políticas anteriores. Estos acontecimientos suscitan creciente preocupación por un patrón de represión que trasciende la política kurda y abarca a figuras más amplias de la oposición. El momento y la visibilidad de las detenciones, en particular el esposamiento orquestado de funcionarios electos ante las cámaras, sugieren una estrategia deliberada para intimidar y desacreditar a los municipios de la oposición.
FUENTE: Medya News / Traducción y edición: Kurdistán América Latina