Desde hace 40 meses no se tienen noticias del líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan, que lleva más de 25 años recluido en duras condiciones de aislamiento en la isla-prisión de Imrali, en Turquía. Öcalan, a quien le usurparon el derecho a ver a su familia y a sus abogados, se encuentra en un estado de absoluta incomunicación. A pesar de las peticiones de sus representantes legales para que se elimine esta ilegalidad, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), que tiene la única autoridad para entrar en Imrali, se contenta con la declaración “estamos siguiendo de cerca el asunto”.
En estos días, continúa el 80º período de sesiones del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, que comenzó el 8 de julio en el Palacio de Wilson, en la oficina de la ONU en Ginebra, Suiza.
En el marco de las sesiones se tratarán y debatirán las violaciones de los derechos humanos en Turquía. Participarán en ellas relatores del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, representantes de organizaciones no gubernamentales que presentan informes al respecto y una delegación turca.
Se escuchó a las ONG
El 16 de julio, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura se reunió con los representantes de organizaciones no gubernamentales que presentaron informes sobre Turquía en una sesión a puerta cerrada y se escuchó sus presentaciones sobre dichos informes.
Según la información que ANF recibió entre bastidores, muchas organizaciones de la sociedad civil tomaron la palabra y llamaron la atención sobre el alcance de las violaciones de derechos en el país, enfatizando que Turquía no ha cumplido los requisitos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
La sesión del 17 de julio comenzó con la presentación del informe del Estado turco. Tras la delegación turca, los relatores especiales del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, Bakhtiyar Tuzmukhamedov y Maeda Naoko, realizaron presentaciones en el marco de sus informes sobre Turquía.
“Recomendaciones no cumplidas”
Tuzmukhamedov fue el primero en hacer uso de la palabra y se refirió a las violaciones de los derechos humanos en las cárceles de Turquía. El funcionario afirmó que en Turquía se dan muchos casos en los que se restringe el derecho de los presos a ver a sus abogados y familiares, y destacó que muchas de las recomendaciones formuladas a Ankara en anteriores sesiones de las Naciones Unidas contra la tortura no se han cumplido.
Después de la intervención de Tuzmukhamedov, Maeda Naoko hizo una presentación sobre las violaciones de los derechos humanos y formuló preguntas a la delegación turca. Naoko llamó la atención sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en Turquía debido a las leyes antiterroristas y destacó que estas normas se utilizan contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los grupos de la oposición.
La Relatora Especial afirmó que habían recibido numerosos informes sobre violaciones de derechos, especialmente en las cárceles turcas, y llamó la atención sobre las condiciones de aislamiento del líder kurdo Abdullah Öcalan.
Naoko aseveró que, según los informes recibidos, los presos de Imrali no han tenido comunicación con el mundo exterior durante más de tres años. “Desde el 25 de marzo de 2021, no ha habido comunicación con los cuatro presos de la prisión de la isla de Imrali. No se permiten las visitas de abogados ni de familiares. A pesar de todos los esfuerzos diplomáticos, no se ha recibido información sobre la situación de estos cuatro presos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) había dictaminado anteriormente en el caso de Abdullah Öcalan que se había violado el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Comité exige una explicación de esta situación en Imrali”, expresó la funcionaria.
Decenas de organizaciones presentaron un informe
Casi treinta organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, entre ellas la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD), la Fundación para la Investigación Jurídica y Social (TOHAV), el Bufete Jurídico Asrin, la Asociación de Derechos Humanos (İHD), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Human Rights Watch (HRW), entre otras, presentaron informes sobre Turquía en estas sesiones.
En sus informes, muchas organizaciones de la sociedad civil llamaron la atención sobre las violaciones de derechos en las cárceles turcas y los crímenes de guerra en las regiones ocupadas por el Estado turco y sus grupos delictivos.
En los informes llaman la atención sobre las violaciones de derechos en las cárceles y destacan el estado de incomunicación absoluta en el que se encuentra recluido el líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan desde hace cuarenta meses.
Luego de las sesiones del Comité de la ONU contra la Tortura, que finalizarán el 26 de julio, se elaborarán informes sobre tortura para los países y se harán recomendaciones a los Estados para su corrección.
La respuesta de Turquía
En nombre de la delegación turca en la sesión de hace dos días, Fatih Güngör, Director General Adjunto de Prisiones y Centros de Detención del Ministerio de Justicia, respondió a las preguntas de los relatores especiales sobre las violaciones de derechos en las cárceles.
Güngör afirmó que las normas en las cárceles turcas están en consonancia con las convenciones internacionales y argumentó que, contrariamente a los informes de muchas organizaciones no gubernamentales, no existe un régimen de aislamiento.
El funcionario turco respondió brevemente a la pregunta sobre el aislamiento de Imrali, aunque no admitió la existencia de una práctica especial en la isla-prisión, donde Öcalan se encuentra recluido en condiciones de incomunicación.
Güngör comenzó su discurso afirmando que Öcalan fue juzgado por los Tribunales Especiales de Seguridad del Estado en virtud del artículo 125 del Código Penal turco y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, y defendió las sanciones disciplinarias y las prohibiciones de visitas de abogados a las que el líder kurdo ha estado sujeto durante mucho tiempo por motivos arbitrarios.
En un intento de disfrazar el aislamiento de Imrali con una excusa legal, Güngör declaró: “Abdullah Öcalan está cumpliendo actualmente su condena en la prisión de alta seguridad de Imrali junto con otros tres presos. Las personas que no actúen de acuerdo con la ley pueden ser objeto de una serie de sanciones por parte de la Junta de Observación de la Administración Penitenciaria. Algunas faltas cometidas en prisión pueden dar lugar a la prohibición de visitas. Las sanciones disciplinarias son responsabilidad de la Junta de Disciplina Penitenciaria. Una vez tomada la decisión, se informa al preso y puede apelar ante el juez de ejecución. Incluso pueden llevar el asunto a un tribunal autorizado. En consecuencia, las visitas familiares a los presos en Imrali han sido suspendidas durante tres meses. Por lo tanto, las visitas de familiares están prohibidas durante este período. No se ha presentado ninguna objeción o queja contra esta decisión, que se convirtió en definitiva y ejecutable en abril de 2024. Las visitas de abogados fueron suspendidas durante seis meses por orden judicial en mayo de 2024. Esta decisión fue apelada, pero el recurso fue rechazado en junio de 2024 y la decisión pasó a ser definitiva”.
“Intentan negar el aislamiento”
Luego de las respuestas de Fatih Güngör ante la ONU, Ibrahim Bilmez, abogado de Abdullah Öcalan, declaró que “cada tres meses, tanto el señor Öcalan como sus compañeros de prisión en Imrali, reciben castigos disciplinarios. Esta práctica contradice la legislación penitenciaria, así como la ley en general. Los castigos disciplinarios no pueden imponerse de esta forma ininterrumpida. Nuestros clientes han recurrido en repetidas ocasiones los castigos impuestos”.
“Como sabemos, el sistema judicial no funciona en absoluto cuando se trata de Imrali -remarcó el letrado-. Estos recursos no han dado lugar a una sola respuesta positiva. Como abogados, llevamos 25 años sin obtener una decisión positiva de la justicia turca sobre ninguna de nuestras solicitudes. Así que puede ser que nuestros clientes no presenten una solicitud porque han perdido la confianza en los observatorios y los tribunales, porque la justicia no funciona en su caso y porque creen que el resultado será siempre el mismo. Desgraciadamente, por el momento, ni siquiera podemos saberlo”.
Bilmez detalló que “normalmente, el procedimiento tiene que funcionar así: tenemos que poder enterarnos de las sanciones impuestas a nuestros clientes para poder recurrir. A pesar de todo, seguimos presentando solicitudes en nombre de nuestros clientes de forma presunta. También recurrimos en estas condiciones, porque sabemos que las penas se imponen siempre en periodos de tres meses”.
El abogado del líder kurdo detalló que “se trata de llamar por su nombre al aislamiento provocado por los castigos disciplinarios que se imponen en la prisión de Imrali cada tres meses desde hace años. Ni siquiera podemos conocer directamente los motivos de los castigos. Podemos leerlos en los informes del CPT. Por ejemplo, los presos tienen derecho a reunirse con tres personas durante una hora a la semana para realizar actividades deportivas. Esto puede ser una vez en una cancha de voleibol y otra en una de baloncesto. Ni siquiera sabemos si este derecho está reconocido en la actualidad, pero el razonamiento de uno de los castigos recogidos en los informes era el siguiente: se practicaba deporte durante 45 minutos y los últimos 15 minutos se dedicaban a hablar mientras corrían. Eso lo dice todo. ¿En serio los acusan de no jugar al voleibol durante 60 minutos sino de hablar los últimos 15? Así que las declaraciones del funcionario del ministerio a la ONU no son ciertas. Es sólo un intento de encubrir esta práctica ilegal”.
FUENTE: Serkan Demirel / ANF / Edición: Kurdistán América Latina